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Sumarse a la Hora del Planeta, ÚNICA acción ambiental desde el Legislativo poblano

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Foto: Franz Bledl Santisteban/Tierra Baldía
Por: Shanik David

Puebla, México.- El manejo sustentable del agua, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la vigilancia de delitos ambientales son algunos de los temas centrales de las 10 iniciativas y puntos de acuerdo que se han presentado en lo que va de este año en el pleno del Congreso del Estado y que se encuentran en la congeladora legislativa.


El único punto de acuerdo que ha prosperado en los primeros períodos ordinario y extraordinario de este año fue el que presentó el diputado Juan Carlos Natale López para proponer a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se sumaran a la Hora del Planeta que se llevó a cabo el 25 de marzo a las 8:30 de la noche, “apagando durante una hora las luces de su sede oficial en favor de la lucha contra los efectos nocivos causados por el cambio climático”.


El resto de las propuestas, incluida la Ley de Bienestar Animal que fue presentada por el gobernador José Antonio Gali Fayad (http://tierrabaldia.com.mx/noticia/1000/los-11-puntos-que-debes-conocer-de-la-ley-de-bienestar-animal/) siguen bajo análisis por parte de la Comisión de Medio Ambiente -que preside Natale López- en conjunto con otras comisiones.


Destaca que fue la diputada del Partido Verde Ecologista de México, Geraldine González Cervantes, quien ha presentado el mayor número de propuestas ambientales en los primeros meses de este año (con cuatro documentos registrados), y pese a que es su compañero de bancada quien preside la comisión, éstas no han avanzado.


Reducción de emisiones


El 9 de mayo la diputada de Acción Nacional, Carolina Beauregard Martínez, a nombre de la fracción parlamentaria, presentó un punto de acuerdo en el cual se describe la importancia de la implementación de energías alternativas para hacer frente al cambio climático, argumentando que con éstas se logra reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.


Se destaca en el documento que si bien los tres niveles de gobierno tienen que dar de su parte para impulsar esta transición energética, los ayuntamientos son “los principales agentes de cambio al tener bajo su responsabilidad los servicios públicos, avanzar en este camino plantea sin lugar a dudas extensos desafíos e inversiones; pero también grandes beneficios”.


Ante esto se propuso exhortar a los 217 ayuntamientos que “atendiendo a su capacidad financiera y a sus necesidades de infraestructura se adopten de manera gradual tecnologías limpias, que ayudan en gran medida a combatir los efectos del cambio climático, maximizar la eficiencia o reducir el desperdicio, como parte esencial de las estrategias ecológicas que deben permear en las nuevas generaciones, optimizando los recursos sin dañar el medio ambiente”.


Anteriormente ya el diputado del Partido Revolucionario Institucional, José Chedraui Budib, había presentado una propuesta similar, aunque en su caso se trató de una iniciativa para reformar la Ley del Cambio Climático del Estado de Puebla.


El documento, con fecha del 1 de marzo, propone modificar el artículo 19 de la citada ley para incluir entre las acciones que deben implementar las autoridades para reducir sus emisiones “adoptar dentro de sus instalaciones, en atención a su capacidad presupuestaria, medidas que contribuyan al ahorro y aprovechamiento de agua y energía, privilegiando el uso de energías alternativas”.


Calidad del aire


En cambio en la iniciativa presentada por el diputado de Acción Nacional, Sergio Moreno Valle Gérman, se indica que aunque la contaminación del medio ambiente es uno de los principales problemas ambientales que se tienen en la actualidad y que se tienen programas definidos a nivel nacional para la atención del mismo, en las leyes estatales no se incluyen de manera clara las medidas que se tienen que tomar al respecto.


Por este motivo, propuso la reforma de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla para incluir en el artículo 114 que la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT), en conjunto con los ayuntamientos, promueva la creación de sistemas de monitoreo de la calidad del aire, que se tomen acciones para prevenir y controlar la contaminación ambiental, se elaboren informes sobre las condiciones en las que se encuentra el medio ambiente, y que se tomen “las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar contingencias ambientales por contaminación atmosférica”.


Cuidado del agua


Moreno Valle Gérman además presentó un punto de acuerdo en donde se señala que la escasez de agua es un problema latente en el país y en el estado, por lo que es importante que se implementen mecanismos para el aprovechamiento del agua pluvial para el riego de las cosechas, pues a nivel nacional el 77 por ciento del agua se usa para la agricultura.


El documento en concreto propone exhortar a la SDRSOT para que se fomente “la práctica de captación de aguas pluviales, principalmente en aquellos [municipios] donde se encuentre detectado su uso para fines de agricultura, proporcionando para ello la asesoría técnica adecuada que garantice su uso salubre”; además se pide a la Secretaría de Salud que ayude con la implementación de medidas de prevención para garantizar que el agua que se capte sea almacenada de manera salubre y así evitar brotes de enfermedades.


Por otra parte, usando como justificación la situación del grado de contaminación del río Atoyac y la falta de infraestructura para el saneamiento del agua del estado -pues menciona que de 23 plantas de tratamiento “funcionan únicamente 12 y de éstas, sólo ocho cumplen con la Norma Oficial Mexicana de la SEMARNAT”-, Geraldine González Cervantes presentó una iniciativa para reformar la Ley de Aguas Nacionales, pese a que este es un ordenamiento de carácter federal.


La propuesta busca incluir un requisito adicional para las personas que descargan aguas residuales a cuerpos receptores, de tal manera que se les obligue a “adoptar dentro de sus procesos, la utilización de materiales biodegradables”; además se pide que cuando se violen las disposiciones en materia de regulación de las descargas de agua, el responsable deberá asumir el trabajo de remover “hasta el doble de los contaminantes del cuerpo receptor afectado, y restituirlo y mejorarlo respecto al estado que guardaba antes de producirse el daño”.


Vigilancia ambiental


El 21 de abril, González Cervantes presentó un punto de acuerdo en donde pedía a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado, a las Delegaciones Federales en Puebla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), así como a los Ayuntamientos que la implementación de campañas de difusión de los delitos ecológicos, en particular en la tala clandestina de árboles, que se facilite la vigilancia y la presentación de denuncias por estos hechos, y que se dé capacitación a los funcionarios de los municipios para la atención de incendios forestales.


Además, en febrero presentó dos iniciativas que buscaban en conjunto regular el tema de los certificados de buenas prácticas ambientales; una de éstas implicaba reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal para incluir entre las facultades de la SDRSOT vigilar que tanto en el sector público como en el privado se implementen prácticas y procesos sustentables, que incluyan el desecho adecuado de residuos, además que se cuenten con medidas eficientes de reciclaje y la utilización de materiales, tecnología y mecanismos amables con el medio ambiente; además que se plantea la creación de un registro público de empresas certificadas.


La segunda, buscaba modificar la Ley de Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, para definir los certificados de buenas prácticas ambientales como el “reconocimiento que otorga el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, junto con el holograma correspondiente, con la finalidad de incentivar más allá del cumplimiento de la norma ambiental las actividades, obras y servicios de los sectores público y privado, que sean competencia del Estado”, y que la emisión de estos sería competencia de la SDRSOT. (TB)


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