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Huejotzingo evade responsabilidades por contaminación del Atoyac

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Foto: Especial
Por: Shanik David

 


Puebla, México.- De las 11 autoridades a las cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lanzó recomendaciones por la contaminación del río Atoyac, sólo el ayuntamiento de Huejotzingo no ha presentado documentos para acreditar que se han tomado acciones al respecto.


Si bien tanto las dependencias federales, gobiernos estatales y municipales aceptaron la recomendación 10/2017, la mayoría se encuentra en un estado de “sin pruebas de cumplimiento”, y sólo la administración de Puebla registra “pruebas de cumplimiento parcial.”


Pese a esto, de acuerdo con el reporte de seguimiento de las recomendaciones publicado en el portal de la CNDH, los diversos actores señalados han presentado oficios reportando acciones o primeras determinaciones al respecto, aunque al ser valoradas por al organismo federal no han sido suficientes, y sólo la presidencia de Huejotzingo ha sido la única omisa.


La recomendación en comento fue expedida por la Comisión el 21 de marzo de 2017, pero el avance del cumplimiento de la misma a casi un año es mínimo.


El gobierno de Puebla atiende recomendación de CNDH por contaminación del Atoyac superficialmente


En el caso del gobierno de Puebla, las recomendaciones y las acciones tomadas fueron superficiales, pues por ejemplo se requirió que se “giraran instrucciones” a las dependencias correspondientes para firmar convenios de colaboración y que se etiquetaran recursos específicos para la atención del Atoyac.


En respuesta a esto, la administración de José Antonio Gali Fayad presentó una serie de oficios por medio de los que se convocaba a representantes de las diferentes dependencias involucradas, para analizar el avance mensual de las acciones implementadas para dar respuesta a la recomendación de la CNDH.


Además, por parte de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, en colaboración con la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios (Cofepris), se realizaron muestreos en ocho puntos fijos del Atoyac, cuyos resultados fueron presentados ante la CNDH pero no se han hecho públicos.


Otra de las recomendaciones que fueron hechas al gobierno de Puebla fue “se publique periódicamente, en medios de amplia difusión para las poblaciones involucradas, un informe sobre los avances en las acciones a ejecutarse en el marco del Programa Integral de Saneamiento de la Cuenca”; sin embargo, como prueba de cumplimiento de esta recomendación sólo se reportó que entre el 15 de mayo y el 8 de junio del año pasado se difundieron spots bajo el título “Los Cuatro Enemigos del Atoyac”, en diferentes estaciones de radio estatales.


El gobierno poblano además reportó la realización de cursos de capacitación a funcionarios públicos, así como notificaciones a las áreas correspondientes para que lancen campañas informativas, sin que haya reporte de la ejecución de las mismas.


En cuanto al ayuntamiento de San Martín Texmelucan, informó a la CNDH que como parte de las acciones tomadas para atender la recomendación se instruyó al Sistema Operador de Agua Potable municipal que “se establezca como requisito indispensable para el otorgamiento de nuevos permisos de descargas de aguas residuales a la red de alcantarillado municipal, o bien para la renovación de los ya existentes, la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales eficientes con programas de mantenimiento periódico”, además de que se realizaron inspecciones en las empresas para verificar que no hubiera descargas irregulares.


Y si bien se hicieron las gestiones con las áreas correspondientes para que se firmen los convenios y se requieran más recursos para la atención del río, llama la atención que la Contraloría municipal reportó que no tenía registradas sanciones en contra de funcionarios de administraciones anteriores por “el deterioro del agua”.


Hay que recordar que dentro de esta recomendación también se emitieron observaciones al gobierno de Tlaxcala, a los ayuntamientos de Tepetitla de Lardizábal, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y Nativitas de dicha entidad, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Cofepris, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). (TB)


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