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Persecución de la Profepa a quien investigue el destino de las aves del Parque Ecológico

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Foto: Especial/Huitzilcóatl AC
Por: Fermín Alejandro García*

Puebla, Pue., México.- Primero fue el ornitólogo Martín Camacho; ahora es la periodista y ambientalista Pame Tajonar la que sufre de amenazas y persecución por la misma causa: saber cuál es el paradero de mil 200 aves, así como un conjunto de anfibios, mamíferos y primates que fueron sustraídos del Aviario del Parque Ecológico y están en calidad de desaparecidos. Lo indignante de esta situación es que la actitud represiva la encabezan quienes se supone deberían estar del lado de la protección de la fauna, que son la Profepa y políticos del Partido Verde Ecologista de México.


De acuerdo con versiones de algunos ambientalistas todo inició así: a comienzos de 2015, cuando en el gobierno del estado se detectó el malestar que había desatado el proyecto depredador de remodelación del Parque Ecológico –también llamado Revolución Mexicana–, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas habría solicitado la ayuda de Manuel Velasco, el mandatario de Chiapas, para que usara sus influencias en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y esta instancia no fuera a proceder contra el Poder Ejecutivo de Puebla.


Y así ocurrió. Se dice que por la intervención de Velasco la entonces delegada de la Profepa, Alma Lucía Arzaluz Alonso, hizo caso omiso a la destrucción del Aviario del Parque Ecológico, pese a ser una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), la cual siempre había sido avalada y protegida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.


En lugar de dirigir sus baterías contra el gobierno del estado, que era la parte destructora del Aviario, la Profepa las dirigió contra Martín Camacho, quien creó, protegió, financió y conservó esa UMA por más de 23 años. Se le acusó de robo, de tráfico de especies y malversación de fondos, para que al final hace unos días fuera exonerado porque nunca hubo pruebas en su contra. Todo se reducía a supuestas llamadas telefónicas anónimas.


Como premio a esa labor, ahora Alma Lucía Arzaluz Alonso es diputada federal del PVEM, un partido dedicado a depredar el medio ambiente y los recursos públicos. La mujer goza de impunidad ya que nadie le ha iniciado un proceso legal por proteger la destrucción del Aviario de la ciudad de Puebla.


El objetivo de ese amedrentamiento era que Martín Camacho dejara de demandar la aparición de las aves, de las cuales se sabe que manos inexpertas se dedicaron a cazarlas en el Aviario y se las llevaron a un destino desconocido.


La incapacidad del gobierno de Rafael Moreno Valle de presentar las aves ha alimentado la versión de que mataron a los animales y los acabaron tirando a la basura, como vulgares depredadores.


O que pasaron a ser parte de alguna colección privada.


La actitud de la Profepa no ha cambiado, parece que la influencia de políticos del Partido Verde Ecologista de México sigue siendo decisiva para que esa instancia continúe dando impunidad al gobierno morenovallista, que nunca la importa el costo ambiental para impulsar sus proyectos de obra pública.


¿O alguien ha visto a la Profepa o la Semarnat intervenir para que no se derriben cientos de árboles en el bulevar Hermanos Serdán en donde se construirá una insulsa ciclovía?


Una prueba contundente de que la Profepa sigue del lado de los depredadores del medio ambiente son las amenazas que se han dirigido ahora contra la ambientalista Pame Tajonar, quien en dos ocasiones ha sido consejera ciudadana de la Semarnat.


La fuerte insistencia de Tajonar de tocar puertas del más alto nivel de la Profepa para que se aclare si las aves extraviadas fueron sacrificadas o traficadas ha provocado que funcionarios de esa procuraduría hayan amenazado a la ambientalista.


En la Dirección de Comunicación Social le dijeron que sus peticiones de información serán turnadas al área jurídica, pero para que se proceda legalmente en su contra.


Otros funcionarios le han mandado a decir, por medio de terceras personas, que habrá represalias en su contra por no retirar sus exigencias de que se aclare el asunto de la destrucción del Aviario.


Tal situación demuestra y exhibe la protección que el gobierno de Enrique Peña Nieto le otorga a administraciones panistas y en particular a la de Rafael Moreno Valle Rosas.


También pone en evidencia que en Puebla si alguien sale a proteger el medio ambiente es tratado como terrorista por el gobierno morenovallista y la administración federal.


Y que a Rafael Moreno Valle Rosas le estorban los árboles, los ríos, las aves, las áreas verdes, en su proyecto de ser candidato presidencial.


*Columna CUITLATLÁN publicada en La jornada de Oriente


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